domingo, 24 de febrero de 2013

Emilio Hellín Moro: un criminal en la policía


El ‘ultra' Emilio Hellín Moro, condenado en 1982 a 43 años de cárcel por asesinar a Yolanda González, lleva tiempo en libertad. Actualmente trabaja como asesor de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Una ética elemental exige que los mandos de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado pongan fin de inmediato a esta relación, legal pero indecente. De lo contrario, que nadie se extrañe si en las manifestaciones alguien tiene la tentación de gritar 'policía asesina'

 Policías antidisturbios aplastan a un manifestante el 25S. Foto: Fotogracción
Policía: guante de seda con los delincuentes, mano de hierro con los trabajadores que protestan



Asegura la noticia publicada por el diario El País que: "Un excriminal de la ultraderecha condenado a 43 años por asesinato trabaja para los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en casos judicializados y forma a sus agentes en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático". 

Precisando un poco más, habría que decir que Emilio Hellín no es un excriminal, sino un criminal en toda regla. El viernes 1 de febrero de 1980, los militantes de Fuerza Nueva Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad Velázquez, estudiante de Químicas, secuestraron a Yolanda González, joven militante de izquierda que acababa de cumplir 19 años y la metieron en un coche. Luego, en un descampado, Hellín obligó a la joven a descender del vehículo y le disparó dos tiros en la cabeza a menos de un metro de distancia.
 
Emilio Hellín cometió un asesinato y fue condenado a prisión por ello, aunque una legislación benévola le permitiera salir en libertad cuando todavía no llevaba cumplida ni siquiera la mitad de la condena. Luego es correcto hablar de Hellín en pasado para referirse a su condición de recluso o expresidiario. Sin embargo, el DRAE considera criminal al "Que ha cometido o procurado cometer un crimen", es decir que su condición de criminal le acompañará durante toda su vida y sólo se extinguirá cuando le sobrevenga la muerte.

Como expresidiario, Hellín tiene derecho a la reinserción social. Así lo dispone el art. 25 de la Constitución. Pero su contratación como asesor y formador de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado resulta de dudosa ética. No por parte de Hellín, de cuya condición criminal no cabe esperar ética alguna, sino de los responsables de los citados cuerpos estatales. 

Emilio Hellín Moro.  Foto: Carlos Rosillo / El País
Muchas cosas deben cambiar en la estructura política, institucional y administrativa de este país para poder considerarlo un país moderno y decente. Pero situaciones tan escandalosas como esta deben ser enderezadas de inmediato. De otra forma, la ciudadanía no podrá confiar tampoco en su policía.

A raíz de las manifestaciones de protesta celebradas el pasado 23-F, otro periódico ha introducido a un redactor dentro de un furgón policial para contarnos cómo transcurre una jornada de este tipo para el grupo de antidisturbios que constituye su dotación. Se quejan estos de que, en ocasiones, algunos manifestantes los vejan con gritos de "policía asesina". Calificativo a todas luces exagerado, pues aunque el comportamiento de estos agentes no es precisamente modélico, en la actualidad no llega a tales extremos.

Pero contratar criminales como asesores de la policía no ayuda demasiado a lavar la imagen de nuestras Fuerzas de Seguridad. 



Familiares, amigos y compañeros de Yolanda González Martín piden que nos unamos a la petición dirigida al ministro del Interior para que de inmediato se rompa toda colaboración con Emilio / Luis Enrique Hellín, asesino de Yolanda, para que se aclaren las circunstancias en que se ha producido y desde qué fecha ha tenido lugar. Igualmente se exigen responsabilidades políticas por lo ocurrido, tanto a éste como a anteriores gobiernos. Hay que unirse a esta petición, por Yolanda, por quienes la querían, pero también por todas nosotras y nosotros, que siempre viviremos bajo amenaza en un Estado en el que ocurran estas cosas... y aquellas otras que aún no conocemos. La petición se puede firmar en este enlace de Change.org
 




4 comentarios:

  1. Es cierto, el crimen es como los sacramentos católicos: imprime carácter. Cuando se organizó el escándalo por la puesta en libertad de De Juana Chaos, criminal, eso sí, pero con la sentencia cumplida, no se habló nada de los asesinos de Atocha. ¿Cumplieron todos sus sentencias? ¿Hubo alguna protesta cuando salieron de la cárcel? Y ahora nos enteramos de que este monstruo no solo está en la calle sino colaborando con la policía. Aunque escandaloso, no debería extrañarnos: es habitual que en la delincuencia de tipo político estén involucradas las fuerzas del orden en todo el mundo. La relación sería abrumadora: el asesinato de Kennedy, La OAS francesa, los escuadrones de la muerte en latinoamérica, el GAL... Y sospechas muy fundadas en otros casos, como el asesinato de Aldo Moro, el enigmático GRAPO... Y a otro nivel, siempre estaba en la reserva, por si no hubiera más remedio, la Red Gladio. Y, siempre, la OTAN. Esa ya va a cara descubierta.


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  2. Buen artículo Cive Pérez:
    Así que entre las lecciones que imparten los asesinos para adiestrar a la policia se incluye la de hacerles repetir cien veces que todo ciudadano manifestante es un terrorista al que hay que partir la boca, dejarle tuerto de un pelotazo o pisarle la cabeza... Piensa el ladrón que todos son de su condición. Un asesino como Hellín verá terroristas por todas partes. Qué pena y qué asco! Mam

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  3. Ah y el que asesinó a Gladys del Estal...Andeandará?

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    1. Para contextualizar este comentario: Gladys del Estal Ferreño (1956 - 3 de junio de 1979) fue una joven programadora y activista ecologista venezolana.Gladys era programadora informática de profesión3 y falleció a los 23 años por un disparo de la Guardia Civil a bocajarro.

      Pertenecía a Grupo Ecologista de Eguía de San Sebastián, Guipúzcoa y que murió en la represión de una protesta antimilitarista y contra la utilización de la la energía nuclear. Su muerte se produjo el 3 de junio de 1979 en Tudela, Navarra, España en el transcurso de la Jornada Internacional contra la Energía Nuclear, convocada poco después del accidente de Three Mile Island en Harrisburg.1 Se pedía la paralización de la central nuclear de Lemóniz y se protestaba contra el Plan Energético Nacional (que contemplaba la puesta en funcionamiento de una amplia red de centrales nucleares) y contra el Polígono de tiro de las Bardenas.



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