lunes, 2 de abril de 2018

El tándem derechista Rajoy y Rivera (R&R) pedalea de nuevo con una burla hacia los pensionistas


Lo que los pensionistas reclaman es que se respete su dignidad, no que se les ofrezca una limosna para calmar sus protestas. Como acaba de hacer el tándem derechista formado por Rajoy y Rivera (R&R), que han vuelto a pedalear juntos en el debate presupuestario intentando burlarse de un numeroso colectivo social que ya no se deja engañar fácilmente.

El pasado 26 de marzo, Albert Rivera (que no es un líder ciudadano sino presidente de Ciudadanos, partido político con esa denominación oportunista), compareció en rueda de prensa para informar del pacto alcanzado con Mariano Rajoy para aprobar los Presupuestos de 2018. Con sonrisa triunfal anunciaba uno de los 'grandes' puntos del acuerdo: subida de las pensiones mínimas del 2%.

Un día después, tras el Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Hacienda ponía puntos sobre las íes a lo dicho por Rivera: la mejora de las pensiones será de una horquilla entre un 1% y un 3%. En concreto las pensiones mínimas (2,4 millones) y no contributivas (450.000) crecerían un 3%, las que no superan 700 euros mensuales (9.800 al año), un 1,5%, y las inferiores a 860 euros (12.040 euros anuales) subirían un 1%. Y para el resto, ya saben: el 0,25%
 

Esa discriminación por tramos dentro del colectivo que recibe las pensiones más bajas es una manera humillante de repartir la miseria. Incluso plantea situaciones paradójicas. Por ejemplo, una pensión de 699 euros con un incremento del 1,5% (10,48 €) alcanzaría los 709,48 euros. Mientras que otra pensión de 701 euros con un incremento del 1% (7,01 €) se quedaría en 708,01 euros. ¡La mayor quedaría por debajo de la que anteriormente era inferior! Diferencia que, por muy ligera que sea, constituye un agravio conceptual.





Parece que el tándem derechista integrado por Rajoy y Rivera (R&R) no se ha enterado del verdadero alcance de la corriente de indignación generada en el colectivo pensionista. Y ambos representantes de la derecha siguen empeñados en reírse de los mayores mientras compiten por ver quién de los dos  anuncia una subida que vuelve a ser irrisoria: Del lat. irrisorius. 1. adj. Que mueve a risa y burla. 2. adj. Insignificante por pequeño. (DRAE). 

No contentos con alardear de esa birria de subida de pensiones, el tándem R&R recorta el gasto social dedicado a otros apartados. Según informa la Cadena SER, en el acuerdo de investidura pactado entre Rivera y Rajoy figura que en 2018 invertirían 1.560 millones de euros para combatir la pobreza infantil, que el proyecto final que llega al Congreso lo rebaja a 350 millones. Dicho acuerdo contemplaba 350 millones para la gratuidad de libros de texto que ahora se quedan en 50. Y para los permisos de paternidad se destinan 600 millones de euros menos de lo previsto. ¿Es recortando en la ayuda a los nietos como pretenden cuadrar la subida a los abuelos?


Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclamó recientemente al Gobierno que vuelva a establecer un sistema de revalorización automática de las pensiones, apuntando asimismo el objetivo de que las pensiones vayan aumentando hasta que las mínimas se acerquen a 1.000 euros. Un magnífico brindis al sol, porque alcanzar esa cifra desde los 600 euros actuales no se consigue con incrementos porcentuales de un sólo dígito anual, a no ser que esperemos cien años. Plazo que la mayoria de los pensionistas actuales no pueden aguardar, por mucho que las ciencias encargadas de prolongar la longevidad.

Siendo algo más realistas, habría que comenzar por equiparar, aquí y ahora, las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional, que en España es bastante modesto. Algo que reiteradamente venimos reclamando desde este modesto rincón de opinión activista: un pacto de Estado entre todas y todos los representantes electos que hiciera posible esa equiparación. Para ello, habría que pedir a todos los partidos del arco parlamentario que se dejaran de estupideces, postureos y filibusterismo. Que dejaran de arrojarse unos a otros propuestas miserabilistas y se pusieran a trabajar por la justicia social. Tal es el sentimiento que refleja la carta abierta que corre por las redes sociales.

                                       CARTA ABIERTA DE
                          UN JUBILADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS:

No estamos pidiendo nada que no sea ya nuestro.

Todo lo que véis ahora a vuestro alrededor lo hicimos nosotros.

Levantamos un país que venía de una dictadura.

Tuvimos que estar curando heridas que no cicatrizaban, pero encontramos una manera de convivir con ellas.

Ayudamos a nuestros padres hasta el fin de sus días: No había ayudas, eran los hijos los que tiraban del carro.

Sacamos adelante a nuestras familias con muchos niños y pocos medios.

Trabajamos de sol a sol en pueblos y ciudades. Y construimos la España que hoy gobernáis vosotros, como si fuera sólo vuestra.

Llevastéis a nuestros hijos a una crisis económica que nosotros hemos mitigado, acarreando con nuestros nietos, compartiendo macarrones, tejiendo familia para que no se desmoronaran en su desesperación.

No tenéis derecho a pedirnos más sacrificios.

Queremos tener lo que nos corresponde: Una pensión que nos permita vivir dignamente.

Señores Diputados. Pónganse a trabajar como hicimos nosotros y resuelvan los problemas.

Revisen TODOS sus sueldos y pensiones vitalicias. Sus viajes, sus dietas, sus asesores, sus contratos añadidos en las comisiones. Reduzcan gastos empezando por Uds.

No salgan a la calle ahora en las manifestaciones para hacer propaganda electoral.

No utilicen el Congreso como si se tratara de un circo, de una comedia chabacana, con insultos, descalificaciones y chistes malos.

No nos hace ninguna gracia ver con qué tono agresivo, de rabia contenida, se comportan en sus debates. Se puede decir lo mismo con educación y guardando la compostura.
 

Demuestren que son dignos de la confianza que les hemos depositado.

Y si no lo hacen, se encontrarán con sus padres en la calle. Se les tendría que caer la cara de vergüenza.

Somos una generación de luchadores. No van a poder callarnos la boca.

Sería tremendo que hayamos de ser nosotros, de nuevo, los que tengamos que coger al toro por los cuernos.

Demuestren todos, con hechos, que miran por este colectivo de jubilados y déjennos vivir dignamente, a estas alturas de la vida.






jueves, 15 de marzo de 2018

Al corrupto Partido Popular sólo debería votarle el 0,25% del censo electoral

La Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado salvaje. Nuestro deber de ciudadanía es aprestarnos a la defensa civil de las formas solidarias de convivencia. Protestando en las calles, sí. Pero ante un Gobierno sordo a las demandas sociales hay que llevar también la protesta a las urnas. En 'agradecimiento' a los deplorables servicios prestados por su cínico presidente, M punto Rajoy, al corrupto Partido Popular sólo debería votarle, como mucho, el 0,25% del censo electoral.

Decíamos ayer en este mismo cuaderno: ¿Podemos, de una puñetera vez, hablar en este país de algo más que de banderas? De las pensiones, sin ir más lejos. Pues bien, al cabo de varios meses de hastío, el colectivo de jubilados y las mujeres del 8M han salido a las calles de España para tomar las riendas de la movilización civil. 

Y la evidencia acaba de poner de relieve que cuando la ciudadanía se moviliza sí se puede.
No sólo es posible salir a la calle, sino también lograr que esta presencia tenga influencia política. De entrada, las mujeres le torcieron el pulso al presidente del Gobierno y a su corrupto partido, que habían tachado la huelga del 8M de "elitista, insolidaria e irresponsable". Previamente, los jubilados soprendieron a los medios de opinión publicada llegando hasta las puertas del Congreso.

Esta es la primera lección que debieran aprender otras capas de la población desempleada o precaria que llevan mucho tiempo, demasiado, soportando con pasividad rayana en la sumisión los desmanes sociales cometidos por el Gobierno presidido por M punto Rajoy. Y que deberían estudiar también los componentes del amplio elenco de representantes políticos, de variopinto color, que han estado más atentos a implicarse en asuntos de índole marciana y esperpéntica como el show indepe que en ocuparse de esos asuntos realmente serios que la acción política debe resolver. Comenzando, por las cosas de comer.
    
Pero, mientras se produce este aprendizaje por parte de quienes tienen la asignatura pendiente, corresponde al gran colectivo de pensionistas de este país seguir alimentando la hoguera de la rebeldía contra la desigualdad. Un fuego que, tras los tímidos intentos sindicales previos, prendió con fuerza a partir de la chispa —en forma de convocatoria a tomar las calles del país— lanzada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.

En esa hoguera deberían arder, políticamente hablando, todos los responsables de la gran crisis financiera, económica y social —por este orden— a las que el Gobierno del PP, el partido más corrupto que ha conocido nuestra democracia, dio respuesta con millonarias ayudas a la banca con cargo al dinero de todos. Ayudas que han ido parejas a una agresión sin precedentes a los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población. Entre ellas, la precarización del empleo —vía reforma laboral— y la devaluación de los salarios de las personas empleadas, con el consiguiente déficit de cotizaciones al sistema público de pensiones. Amén de una reforma del mismo que, a corto plazo, se ha traducido en una congelación de facto de la cuantía de las mismas. A las que, por quinto año consecutivo, se ha aplicado una revalorización del 0.25%

Para una pensión media, el montante de esta revalorización apenas supone un par de euros mensuales, —1,50€ para una pensión mínima de 600€— es decir, casi lo mismo que ha gastado el ministerio de turno en la carta que envía a cada pensionista comunicándole tan fastuosa actualización. Habida cuenta de que la mitad de las pensiones se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Un 27% de las pensiones se sitúa por debajo de los 600 euros. Un 23% se encuentra entre los 600 y 700 euros. Y el 50% restante está por encima de los 700. La pension más habitual se sitúa en el umbral de pobreza: 645 euros mensuales.


Por si la misiva, redactada con tintes triunfales y paternalistas, no fuera ya motivo de gran indignación, llegaron luego las declaraciones de distintos miembros del gobierno y del PP pretendiendo convencer al colectivo de pensionistas de que era el único que no había sufrido pérdida de poder adquisitivo durante la crisis. Con lo que la yesca para que prendiera la chispa de la indignación estaba servida: cualquiera puede observar lo que sucede con productos básicos como la luz, el gas, los alquileres, el agua, etcétera. 

Así surgió la gran protesta del 22-F en las principales ciudades del país, y que en Madrid llegó hasta las puertas del Congreso, sorprendiendo a las mismísimas fuerzas de Seguridad que no habían previsto la magnitud de la protesta.

Ruego miren la imagen de portada del libro que tienen en el margen izquierdo de estas líneas. Nada que ver con esa idea que presenta a la tercera edad como un sector de la población inmovilista y conservador. Prueba de ello es que los medios de comunicación, a la hora de ilustrar gráficamente las noticias sobre pensiones, suelen utilizar fotografías de grupos de jubilados con gorrilla  sentados en un banco esperando resignados el fin de sus días.

Esa imagen se vuelve progresivamente obsoleta. Gracias a la mejora general de la salud de la población, las nuevas cohortes de jubilados que se incorporan al colectivo pensionista están revitalizando el vigor del mismo. Aunque quien más quien menos ha de pasar con cierta frecuencia por revisiones e intervenciones médicas, hoy no es raro ver personas mayores practicando todo tipo de deportes. Y si hay algunos que siguen subiendo cumbres pirenaicas de tres mil metros, cómo no van a aguantar pasear algunas horas por las calles enarbolando una pancarta. Además, muchos de los participantes de las actuales las convocatorias de protesta, ya corríamos delante de los grises en los años 70, antes y durante la Transición, afrontando situaciones de mayor riesgo. O sea que en esto, también la veteranía es un grado.

La fortaleza de los nuevos pensionistas no sólo se refiere a la forma física, sino también a la fortaleza política. Albert Camus señaló que la rebelión es propia de la persona informada que conoce sus derechos. Y los pensionistas de hoy no sólo conocemos nuestro derecho constitucional a tener una pensión digna y suficiente garantizada por los poderes públicos. También estamos perfectamente informados de las cuantiosas sumas de dinero público inyectados por el Gobierno para sanear bancos, autopistas en quiebra, constructoras..., etc. Con lo cual no podemos otorgar el menor crédito al presidente del Gobierno cuando, con su habitual cinismo, nos dice que no hay dinero para subir las pensiones.  


Bajo la presión de la calle, Mariano Rajoy no ha tenido más remedio que comparecer en el pleno sobre pensiones convocado en el Congreso. Pero lo ha hecho para negarse en redondo a actualizar las pensiones con el IPC y mantener el "factor de sostenibilidad" que entrará en vigor en enero de 2019. Lo cual supondrá, de aquí a 2050, una rebaja de las pensiones en un 20%.


Sólo, en lo que supone un auténtico chantaje al resto de partidos, Rajoy ofreció subir las pensiones más bajas con arreglo a la inflación a cambio de conseguir luz verde a los Presupuestos; así como elevar también las de viudedad, cuando resulta que está obligado a hacerlo por una ley de 2011 que este presunto servidor de la ley lleva siete años incumpliendo. Y cuando resulta que para las pensiones más bajas incluso con el incremento del IPC el aumento seguiría siendo irrisorio. Todo lo que no sea una equiparación con el Salario Mínimo Interprofesional será una estafa moral y política.
 
En definitiva, una deprimente intervención parlamentaria a raíz de la cual Rajoy se ha convertido en el principal animador de la inminente jornada general de protesta convocada para el próximo sábado 17 de marzo en toda España.




No hay que olvidar otro detalle: el colectivo pensionista dispone de bastante holgura de tiempo para materializar la protesta. No tiene que atenerse a horarios y disciplina laborales. Por evidentes razones biológicas, a medio plazo esa reserva de tiempo se agotará. Pero el tiempo presente que nos queda lo vamos a emplear en defender nuestra dignidad insultada por el Gobierno. Y en la defensa de un sistema público de pensiones que garantice no sólo las prestaciones actuales, sino también las futuras. Porque la Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado de las bestias. Algunos propugnan hoy volver a ese estado recuperando un capitalismo salvaje que, a la larga, despertaría violentas respuestas. Nuestro deber como ciudadanos es aprestarnos a la defensa civil de las formas solidarias de convivencia.

Protestando en las calles, sí. Pero ante un Gobierno sordo a las demandas sociales hay que llevar también la protesta a la hora de votar. El corrupto Partido Popular debe probar su propia medicina en las urnas. Y en justa correspondencia a los deplorables servicios prestados por su cínico presidente, M punto Rajoy, insultando a los pensionistas con el 0,25% de revisión, sólo debería votarle, como mucho, el 0,25% del censo electoral.






lunes, 12 de marzo de 2018

Firmas contra la Ley Mordaza

El próximo 27 de marzo se cumplirán tres años de la aprobación de la Ley Mordaza, que constituye un ataque en toda regla contra los derechos de la ciudadanía. Amnistía Internacional calcula que, sólo en 2016, se podrían haber impuesto alrededor de 34.000 sanciones por conductas amparadas por el derecho de reunión, expresión e información


El próximo 27 de marzo de 2018 se cumplirán tres años de la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.

Amnistía Internacional (AI) calcula que se podrían haber impuesto alrededor de 34.000 sanciones sólo en 2016 por conductas amparadas por el derecho de reunión, expresión e información. También son alarmantes los casos de periodistas multados, lo que coarta el derecho a la libertad de información.

La Ley Mordaza constituye un ataque contra los derechos de la ciudadanía, así como un intento de formalizar prácticas abusivas contra personas migrantes y refugiadas como son las "devoluciones en caliente".

Según AI "Estamos viviendo un incremento de abusos policiales debido, en muchos casos, a la discrecionalidad de los agentes en sus intervenciones relativas a la seguridad ciudadana". En los tres años transcurridos desde la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana se ha puesto de relieve un considerable aumento del poder para la policía en detrimento de las garantías que permiten que la ciudadanía defienda sus derechos. 


La Ley Mordaza implica igualmente un ataque a las libertades de expresión, reunión pacífica e información, así como más devoluciones 'en caliente' de los migrantes que intentan pasar la frontera. 

No podemos permitir que esto siga pasando. Es el momento de mostrar nuestro rechazo a esta ley y de presionar para que se garantice el libre ejercicio de los derechos humanos. Tenemos muchos motivos para exigir que no queremos ninguna mordaza que vulnere nuestros derechos y libertades.


Firma e impulsa la movilización contra la Ley Mordaza a través de la página de Amnistía Internacional.
 

¡Defiende tus derechos ejerciéndolos!



jueves, 8 de marzo de 2018

Otra gran brecha de género: la condición de 'cónyuge a cargo' del pensionista

La Constitución española dispone, en su art. 50, que "los poderes públicos deberán garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad". Sin embargo, el nutrido colectivo de mujeres, casadas o parejas de hecho, que consumen gran parte de su vida ejerciendo un trabajo real de cuidados (hogar, crianza, ancianos, etc.) al llegar a la vejez no tienen derecho a recibir una pensión propia.

Pese a lo dispuesto por la Constitución española, la mayoría de las pensiones del sistema público de la Seguridad Social siguen siendo muy bajas. Incluso, muchas de ellas se sitúan por debajo del umbral de pobreza, un parámetro oficial que fija el Instituto Nacional de Estadística. Por ejemplo, las pensiones no contributivas.

Un caso especialmente lacerante es el de las mujeres, casadas o parejas de hecho que, tras dedicar gran parte de su vida a ocuparse de cuidar del hogar, crianza de los hijos, ancianos, enfermos, etc., no tienen derecho a recibir una pensión propia al llegar a la vejez. En los hogares más humildes, deberán contentarse con el irrisorio y denigrante complemento de 'cónyuge a cargo' al pensionista principal.

En el 99 por cien de los casos, el 'cónyuge a cargo' pertenece al género femenino. Los trabajos efectuados en el interior del hogar sólo tienen valoración social y monetaria si son realizados profesionalmente, mientras que si los realiza una mujer dedicada a lo que antiguamente se denominaba “sus labores” pasa absolutamente desapercibido.

Por ejemplo, el coste de cuidar un niño en una guardería se incorpora al PIB por el importe del sueldo del empleado profesional más el beneficio obtenido por el propietario de la guardería, los alquileres, etc. Sin embargo, si quien se encarga de cuidar al pequeño es su madre, un abuelo o una tía soltera desempleada, pese a que el tiempo de trabajo dedicado a ocuparse del menor sería en principo exactamente el mismo que en la guardería, ni la patronal ni los sindicatos ni los ministerios de Trabajo y Economía se darán por enterados de que ese tipo de trabajo ha sido efectuado. No está reflejado en el Producto Interior Bruto.

Arthur Pigou señaló con perspicacia cómo, para las estadísticas de la Renta Nacional, sería catastrófico el hecho de que un hombre soltero se casara con su ama de llaves. En efecto, bajo los roles clásicos, la feliz casada seguiría realizando exactamente el mismo trabajo que antes, sólo que sin percibir una retribución monetaria. En este sentido, el sociólogo estadounidense Alvin Toffler sugirió una forma irónica de incrementar el PIB: que cada ama de casa realice los trabajos domésticos de su vecina y se paguen mutuamente por ello.
George Grosz: mujer de la limpieza

Estamos ante un trabajo real pero totalmente invisible, no remunerado ni socialmente valorado.

En nuestro sistema público de Seguridad Social, aunque la modalidad de pensión no contributiva cubre en teoría a toda persona que no haya cotizado a efectos de la jubilación ordinaria, en la realidad no es aplicable al cónyuge (mujeres por lo general) de aquellos jubilados con derecho a pensión normal contributiva. Esta situación, en el caso de los matrimonios o parejas de hecho donde sólo uno de sus miembros obtiene una pensión contributiva, y ésta en su cuantía mínima, significa
en la práctica condenarlos a una situación de pobreza legalmente establecida. O, dicho de otro modo, pobreza por Real decreto.

Vayamos al detalle: en 2018, la pensión mínima de carácter contributivo para una persona mayor de 65 años, sin cónyuge, está fijada en 606,60 euros mensuales. Si tiene cónyuge a cargo, percibirá 788,90 euros mensuales.

Habida cuenta de que con ese dinero han de mantenerse dos personas, resulta una renta mensual per cápita de 394,45 euros. Cuantía situada por debajo del umbral oficial de pobreza. Por mucha "economía de escala" que se quiera aplicar a la pareja, la realidad es que el complemento con el que debe vivir el cónyuge es de 182,3 euros al mes, lo que arroja una ratio casi tercermundista de 6,07 euros diarios.

La situación mejoraría si en lugar de ese complemento, cada cónyuge tuviera el derecho personal a recibir una pensión, aunque en caso de no haber cotizado fuese la mínima de carácter no contributivo. El importe actual de la misma tampoco es que sea para tirar cohetes: 369,90 € cifra que está pidiendo a gritos un aumento sustancial. Sin embargo, incluso en las circunstancias actuales, un hogar donde el cónyuge principal tuviera derecho a percibir la pensión mínima de 606,60 € y el cónyuge 'no contributivo' tuviera derecho a percibir al menos esa pensión, allegarían entre ambas pagas la suma de 976,50 €. Este ingreso, no sólo mejoraría en 187 € la renta de ese hogar, además, robustecería un derecho: el de ciudadanía frente a la condición subsidiaria de 'conyuge a cargo'.

Por cierto, ¿han oído alguna vez hablar de esta situación a partidos, sindicatos o al ministerio de Igualdad? Confiemos en que a estas instancias, para eliminar esta discriminación, se le ocurra alguna idea mejor que introducir el palabro cónyuga como novedoso hallazgo semántico de la corrección política.


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Nota: este texto, que se reproduce ahora con alguna corrección y actualización de cuantías, fue ya publicado en este mismo cuaderno hace ya ocho años. De entonces acá, nada ha cambiado en esta lacerante  situación. Salvo que algunas de esas personas ya no estarán en este mundo.  




 

jueves, 22 de febrero de 2018

22F: Yo voy, por supuesto. ¿Y tú?


Por pura coherencia con lo que vengo escribiendo en este cuaderno sobre las pensiones, tenía que estar presente ayer en la multitudinaria concentración ante el Congreso de los Diputados. Ante todo, es una cuestión de dignidad. Por supuesto.





martes, 16 de enero de 2018

Acto en Arganzuela: Acércate, lo verás claro

Acto organizado por el 
Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía de Attac Madrid
en el Centro Dotacional de Arganzuela.
Martes, 16 de Enero, C/ Canarias, 17. Madrid.









domingo, 14 de enero de 2018

Pensiones: que los bancos paguen lo que deben


La idea de que la banca contribuya a sufragar las pensiones estatales no es descabellada. En cualquier caso, mucho menos que la pretensión de la banca de suplantar a la Seguridad Social con sus planes privados de pensiones. Lo que resulta pueril es que las dos formaciones políticas que deberían unir fuerzas para reforzar las pensiones públicas rivalicen por ver quién fue la primera en exponer la idea. Máxime, cuando la primicia del ‘invento' no les corresponde a ninguna de ellas, como se verá a continuación.

El PSOE, por boca de su líder, Pedro Sánchez, acaba de proponer la creación de dos nuevos impuestos: uno que grave las transacciones financieras [en línea con lo que viene defendiendo ATTAC desde hace un par de décadas] y otro extraordinario sobre la banca, para que ayuden a reducir el déficit de la Seguridad Social. Sánchez justifica el impuesto bancario con el impecable argumento de que los españoles contribuyeron "con el sudor de su frente" al rescate de la banca, por lo tanto lo "justo" es que ahora sea la banca quien ayude a sostener el sistema de pensiones.

De inmediato, el Gobierno, junto a La Voz de su Amo —conjunto de medios informativos al servicio del mundo de los negocios— han descalificado la propuesta. Así, El País, conspicuo miembro del club de los voceros, dedica al asunto un editorial en el que califica la propuesta como demagógica. Pese a reconocer que "es necesario asumir que cualquier desequilibrio entre ingresos y gastos de la Seguridad Social será soportado por los presupuestos públicos. Ello significa admitir que la recaudación de impuestos debe incrementarse para satisfacer esa prioridad inexcusable". Sin embargo, el editorialista se apresura a sacar del campo de juego a la banca: "Lo que no es razonable es definir un impuesto específico que recaiga sobre un sector concreto de la economía. Mucho menos justificarlo como una contrapartida a las ayudas públicas que han recibido los bancos en la gestión de la crisis financiera".

Entonces, ¿de dónde obtenemos los recursos para garantizar las pensiones? Según el editorial: "El necesario aumento de los ingresos fiscales para garantizar los compromisos de la Seguridad Social no tiene por qué concretarse en impuestos finalistas. Existe recorrido suficiente en la mayoría de las figuras tributarias existentes para garantizar la generación de ingresos".

Traducción para peatones: si hay que recaudar más, que la carga recaiga sobre las espaldas de los de siempre, o sea, los asalariados. Que son los que pagan impuestos por partida doble. ¡Mucho ojito con
tocar las rentas del capital!

La ciudadanía debería, de una vez por todas, dejar de comulgar con las ruedas de molino de ciertas convenciones espurias. La primera, que todos los gastos del Estado —como las carreteras, por las que circulan tanto los trabajadores como los empresarios, banqueros y otras gentes de buen vivir— se costean con cargo a los impuestos generales. Un dinero que, casi en su totalidad, procede de las rentas del trabajo (IRPF) y del consumo de la mayoría de la población, que es trabajadora. Sin embargo, se acepta como si fuera una ley cósmica que las pensiones públicas han de ser sufragadas únicamente por el bolsillo de los trabajadores.

Tales convencionalismos determinan una realidad perversa: los asalariados sufragan el coste de las Fuerzas del Orden que protegen la Seguridad de la Propiedad Privada —cuya porción más sustanciosa se acumula en pocas manos— mientras que los más adinerados no contribuyen a proteger la Seguridad Social de quienes dedican lo mejor de su vida a construir la fortuna de los ricos. 


Ha llegado la hora de derribar este binomio de ideas dominantes en el pensamiento político a través de una acción decidida de los representantes de la mayoría social de este país. Para ello, los partidos de izquierda deben dejarse de postureos, rivalidades, sorpassos y esperpentos periféricos, e ir a la raíz de las cosas. Históricamente, la izquierda sólo ha conseguido atenuar la injusticia cuando sus distintas formaciones han golpeado conjuntamente contra las desigualdades.

En este sentido, los dirigentes de Podemos parecen sentirse molestos con la propuesta del PSOE, y se han apresurado a señalar que es una 'copia' de una iniciativa de la formación morada. "Es buena noticia que otros partidos hagan suyas nuestras propuestas. Los impuestos a la banca son una necesidad democrática, social y económica", ha expresado Pablo Iglesias a través de Twitter. Por su parte, el responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, firma un artículo titulado 'Pedro Sánchez: bienvenido a la propuesta de Podemos', recordando que el programa electoral de su partido proponía poner un "impuesto a la solidaridad" a las entidades financieras para que hicieran frente al rescate.

¿Y qué más da? Los celos podemitas por arrogarse la primicia de la idea tienen un tinte pueril. En materia de políticas de justicia social, no importa tanto quién lo diga primero, sino quién sea capaz de llevar a cabo las reformas.

Porque, puestos a ser tan estrictos, les contaré una pequeña anécdota. Y es que, en todo caso, sería al modesto ciudadano que mantiene este cuaderno a quien corresponde la primicia del 'invento'. Cuatro años antes de nacer Podemos (2014) ya defendí la idea de que la banca debía contribuir a sufragar el sistema público de pensiones. Idea puesta, negro sobre blanco, en un libro cuyo título no deja lugar a dudas: ¿Pensiones en peligro? Que la banca pague lo que debe (El Viejo Topo, Barcelona, 2010).

Digo aquí que, a primera vista, aparecen cuatro fundadas razones para que los bancos dediquen una parte de sus ganancias a mantener el fondo de pensiones de la Seguridad Social:

i) Por atender al público a través de cajeros automáticos, la banca debería ser gravada con un impuesto robótico. Igual que deberían ser gravados otros negocios que obtienen beneficios a partir del trabajo que la mayor parte de las personas efectuamos al desempeñar el papel de prosumidores.

ii) Por cobrar a la clientela comisiones injustificadas por el uso del dinero de plástico, en especial las tarjetas de débito con las que el cliente dispone de su propio dinero en régimen de ‘autoservicio'. Estas comisiones equivalen a un impuesto en la sombra sobre el consumo.

iii) Por ser la banca la principal responsable de la actual crisis financiera y la principal destinataria de las ayudas del Estado. El crecimiento de la Deuda Pública se debe, en gran medida, a las ayudas de los gobiernos a las entidades bancarias.

iv) Por ser la banca el agujero negro a través del que desaparecen ingentes cantidades de riqueza, que es conducida a los paraísos fiscales.


Conviene huir de las tentaciones adanistas y tener bien presente la vieja advertencia nihil novum sub sole: nada hay nuevo bajo el sol. Dicen que después del Génesis todo lo que se ha escrito es un plagio continuo. Al menos en nuestra cultura occidental, porque la Biblia también es, en muchos de sus pasajes, un puro plagio de otros mitos tomados de textos más antiguos. Entre ellos, la epopeya babilónica de Gilgamesh donde ya se cuenta el mito del Diluvio Universal. 

Por lo que a un servidor respecta, me aplico el cuento.
Aunque cronológicamente yo dijera antes lo del impuesto a la banca, no aspiro a colgarme medallas. Seguramente, la idea vino inspirada al escuchar la amarga queja de miles de personas jubiladas cobrando una pensión miserable. Y dado que yo no me considero adanista, sino en todo caso pensionista [más bien mediopensionista a juzgar por la birria de paga demediada que recibo a fin de mes] de buen grado les regalo la idea a todos los políticos que estén dispuestos, en serio, a tener la honestidad y el arrojo de llevarla a cabo.
      
Y de paso, les regalo otra idea en nombre de los miles de personas que hemos firmado la petición solicitando a los parlamentarios de las distintas formaciones políticas del Congreso de los Diputados que alcancen un pacto de Estado en virtud del cual la cuantía de la pensión mínima contributiva y de viudedad sea equiparada al Salario Mínimo Interprofesional. 

 
Por favor, Señorías, hagan suya la idea, aprópiense de ella sin rubor, llévenla a cabo y posen ante las cámaras firmando el acuerdo. Con la subida de la pensión mínima podremos comprar el periódico en el que aparezca su foto.



https://www.amazon.com/PENSIONES-PELIGRO-BANCA-PAGUE-DEBE/dp/8492616849

A ti tambien te afecta la movida de las pensiones. Marta Flich